1.- El tema:
El debate político venezolano, en su polarización, ha evidenciado suficientemente que no se trata de una conversación filosófica dedicada a la aclaración de los conceptos; sino una lucha por la adscripción, la confianza, la lealtad y la distribución entre los grupos, clases y fracciones de clase, de ciertos medios de producción de opinión (doxográfica) y reproducción ideológica. Por supuesto, aquí se juega la hegemonía, en su doble sentido de “dirección intelectual, moral y cultural” de clase y articulación en un discurso de las demandas de los grupos sociales mediante la equivalencia y el antagonismo.
De allí que el conocimiento de la política está surcado inevitablemente por las tensiones del debate político. La comprensión y la explicación que se da de la serie de los acontecimientos no pretenden eludir la toma de posición; sino, al contrario, fundamentarla. Así como el científico natural supone implícitamente que la Naturaleza está allí a disposición del Ser Humano, para ser explotada, aprovechada, manipulada y controlada; el científico social tiene conciencia de que su conocimiento puede servir a uno u otro bando. Esa es la premisa de su propia lucidez.
El debate acerca del estado venezolano y sus transformaciones, es el debate político por excelencia. No siempre es así, ni tiene que ser así. A veces el tema transcurre en oscuros y ocultos escenarios académicos exclusivamente, y no trascienden al campo doxográfico. En todo caso, su relevancia pública es el síntoma de la crisis del propio estado, es decir, del objeto y las condiciones mismas de la práctica política.
En Venezuela la discusión sobre la transformación del estado nos señala la crisis misma del estado. Las diferentes posturas teóricas, analíticas y pro-positivas participan de esa crisis. La definición y jerarquización de los problemas, la propuesta de interpretaciones con sus remisiones a contextos históricos o conceptuales, la reconstrucción explicativa de procesos a través de lógicas que presentan los acontecimientos en su hipotética necesidad, delimitan los espacios donde la práctica política alcanza la mayor relevancia.
Un ejemplo de esto es el debate acerca de la centralización o descentralización del poder en el estado venezolano. Es una discusión que tiene ya varios años, y que nos permite vincular acontecimientos en una serie, cuya clave de interpretación pretendemos explicitar y razonar.
Pudiéramos remontarnos a los primeros momentos de la génesis del estado venezolano, es decir, desde la Primera República, cuando el mantuanaje caraqueño reprodujo el esquema federal norteamericano, al parecer de críticos como el propio Simón Bolívar, quien siempre consideró esto un grave error. Pero eso rebasa nuestra intención actual. Nuestro punto de partida será más bien la formación de la COPRE en 1984, cuando, con su fundación misma, los sectores dirigentes del país reconocieron la existencia y profundización de una grave crisis política.
Pero hay que colocar esto en un marco conceptual del estado, como objeto de conocimiento que construiremos a propósito de varios objetos de observación (serie de acontecimientos que dibujan un proceso social).
2.-El estado:
El estado es resultado, y profundiza a su vez, la división social del trabajo. El trabajo no sólo produce las condiciones materiales de la vida humana, sino las relaciones donde el hombre mismo se constituye como tal. La práctica política produce relaciones sociales específicas: relaciones de poder. Por un lado, las de dominación y de resistencia; por el otro, las de amistad (alianza) o de enemistad (lucha). Por eso la iniciativa de la acción, la producción de nuevas relaciones sociales, también se incluyen en la práctica política. Ella produce dirigentes y dirigidos, por una parte, y aliados o adversarios, por la otra.
Las relaciones políticas resultan de las otras relaciones sociales (en la producción material y semiótica); son su condensación. Foucault explica esa condensación en las formas jurídicas, de acuerdo a las cuales se dirimen las disputas entre individuos, grupos y hasta naciones. Simplificando, podríamos decir que las relaciones de poder se resuelven en las formas ritualizadas de la guerra (las pruebas, las ordalías, los duelos) o en los juicios de un mediador estatal, un representante del soberano o de la Iglesia, que ya ha acumulado la autoridad simbólica suficiente como para decidir y dictar sentencia. Así, el estado se distingue de las relaciones inmediatas entre tribus, grupos o individuos, incorporando o capitalizando las formas y reglas culturales con las que resolvían sus conflictos.
Es precisamente, por la lucha de clases que surge el estado como diferenciación de un tipo específico de trabajo: la práctica política. El estado se presenta como un poder que media y afronta, desde afuera y desde arriba, la lucha de clases, para evitar que éstas se destruyan entre sí. Como señala Pierre Clastres: es necesaria la dominación política para que haya explotación de clase, es decir, la lucha de la clase explotadora. Siendo las relaciones de clase en una formación social, relaciones de explotación, la resistencia y la lucha de las clases explotadas sólo se estabilizan y superan, si hay una práctica política que haga de unos los dominantes, y de otros los dominados. El estado es una profundización de la división social del trabajo, necesaria porque las otras relaciones sociales (de producción material, etc.) requieren del efecto de la práctica política para producirse y reproducirse.
En este sentido, se aplica la definición marxista del estado como aparato de dominación de clase, con sus variantes represivas e ideológicas. Un estado puede caracterizarse como burgués si hace valer la concentración de poder lograda para instaurar, defender y sostener las relaciones sociales capitalistas. En primer lugar, el control territorial. El estado burgués, al establecer un control unificado sobre un territorio, también crea las condiciones para la creación de un mercado nacional propicio al crecimiento del capitalismo. En segundo lugar, el estado, al adquirir su propio capital simbólico o de autoridad, expropiándolo de las relaciones inmediatas, logra una autonomía relativa respecto a las relaciones sociales de producción material; o sea, de las relaciones de clase. Esa autonomía se concreta en el derecho y las formas jurídicas que, al distinguir lo público de lo privado y respaldar el cumplimiento de los contratos, consolida las relaciones interindividuales como relaciones entre compradores y vendedores equivalentes, posibilitando la expansión de las relaciones sociales capitalistas. Al mismo tiempo, permite el surgimiento de una nueva categorías social, la burocracia, que puede llegar a concebir intereses particulares, de casta, cuya proveniencia puede ser de clases sociales subordinadas “en ascenso” (las clases medias) que muchas veces asumen, con gran convicción y fervor, los intereses de las clases verdaderamente dominantes.
Pero éstas son sólo las lógicas más generales que explican al estado: división social del trabajo; distinción de la práctica política; condensación de las relaciones de poder presentes en las relaciones sociales; refuerzo, permanencia y reproducción de la dominación de clase; lucha de clases.
Para determinar las tendencias específicas de la formación del estado, hay que comprenderlas en el marco de un proceso de concentración y distribución de poder que, a su vez, signa a todas las relaciones que se establecen en los diversos campos sociales donde se disputan ciertos valores o (para decirlo con Bourdieu) capitales.
Dice Pierre Bourdieu:
El Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital cultural o, mejor, informacional, capital simbólico, concentración que, en tanto tal, constituye al Estado en detentor de una suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies de capital y sobre sus detentores. La concentración de diferentes especies de capital (que va a la par de la construcción de los diferentes campos correspondientes) conduce, en efecto, a la emergencia de un capital específico, propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre las diferentes especies particulares de capital y, en particular, sobre la tasa de cambio entre ellas (y al mismo tiempo, sobre las relaciones de fuerza entre sus detentores). Se sigue que la construcción del Estado va de la mano de la construcción del campo del poder entendido como el espacio de juego en el interior del cual los detentores de capital (de diferentes especies) luchan especialmente por el poder del Estado, es decir sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción (a través, principalmente, de la institución escolar).
Hay aquí, por una parte, una génesis del estado, pero también una totalización del campo del poder, donde se materializa y funciona en toda su especificidad unificadora y mediadora de y entre los demás campos sociales. De ello se desprende que el campo social de poder establece relaciones de equivalencia o intercambio entre el capital económico, la disposición de fuerza armada (humana y técnica), la autoridad y la legitimidad, la información y el conocimiento, la producción y divulgación de las significaciones y los valores prácticos. El poder es todos y cada uno de esos tipos de capital, pero trasciende a todos y cada uno al mismo tiempo. Es siempre algo más que su agregación: es el complejo de sus tensiones dinámicas, su totalización y sistematización.
Es por efecto de la formación del campo de poder, que los estados se condensan como complejos institucionales que concentran el uso legítimo de la fuerza sobre los habitantes de un territorio, como reza la clásica definición weberiana. En ese sentido, se coordinan solidaria e interactivamente las categorías de Soberanía, Nación, Pueblo y Estado (Negri) como entidades trans-subjetivas que, a su vez, delimitan las formaciones socioeconómicas.
Desde el exterior, los equilibrios estratégicos inestables y las guerras entre estados, contribuyeron a su institucionalización, fortalecimiento y estructuración, en el caso de los que lograron hacerse pares en poder. Las relaciones internacionales constituyen también un campo de poder, donde se valoran capitales tales como la ubicación geográfica (ventajas de comunicación, acceso o defensas militares naturales), la disposición de riquezas naturales (suelo y subsuelo) y la extensión. Tan importantes son estos aspectos geográficos, que los intelectuales de los imperialismos europeos, concibieron toda una ciencia, la geopolítica, en la cual desarrollaron teorías que justificaban las prácticas políticas de dominio con supuestos “determinantes geográficos”. Los estados surgidos de una primera descolonización (como el venezolano), entran en las relaciones valorizadoras del campo de poder internacional en calidad de subordinados que buscan llegar a ser pares (insurgencia). Formal y jurídicamente lo son, pero a través de relaciones de fuerza militares, políticas y económicas, se subordinan y caen en el campo de un imperio (o imperialismo).
Hacia lo interno, también contribuye a la formación del estado la relativa estabilización de la lucha de clases, luego de derrotas populares y pactos entre pares dominantes. Lo político, en este sentido, delimita el complejo institucional estatal; es el aspecto de la práctica política que produce, a unos como dominadores, y a otros como dominados; mientras que la política se refiere a la práctica especializada en disputar, controlar y manipular ese aparato especial de dominación, lo cual remite a la pugna estratégica entre los pares (amigos y enemigos). Lo político produce la sujeción y la normalización, es decir, lo policial y lo jurídico. La política define el espacio público, los recursos y marcos institucionales, la hegemonía, las estrategias, las alianzas y los antagonismos.
Los regímenes políticos, lo que la tradición del pensamiento tematizaba como formas de estado (monarquía, aristocracia, democracia, y sus degeneraciones despotismo, oligarquía y demagogia), son configuraciones de lo político que delimitan la política, en tanto luchas de clase. Las lógicas de la política vienen dadas por las estrategias de acrecentamiento de poder de cada detentor de algún capital convertible en el campo estatal. La disposición de las armas o el dinero, la autoridad legal o simbólica en general, no acrecientan poder por sí solos, sino en relación a los demás y al complejo institucional del estado que va acotando un número limitado de opciones de acción, que cristaliza cierta correlación de fuerzas, por lo que la lucha de algunos subordinados por devenir pares irrumpe contra los órdenes institucionales. A estos casos los llamamos revoluciones.
Los Poderes Públicos son resultado de las relaciones conflictivas entre los detentores de los capitales convertibles en poder. Las distinciones del Poder estatal en un esquema tripartito de “pesos y contrapesos” (elogiadas por Montesquieu), tienen su origen histórico en acuerdos estratégicos entre las aristocracias y el monarca luego de una cruenta guerra civil. El esquema de separación de poderes formaliza los mecanismos de repartición del poder entre los participantes del campo social de poder. Las formas republicanas y electorales son marca de la irrupción de las masas populares como otro detentor más de capital simbólico o específicamente político. Indican un nivel de la lucha de clases, en el cual se reconoce formalmente la soberanía popular, pero los actores reales de la política son los detentores de los distintos tipos de capital que se invierten, intercambian y destruyen en el campo del poder.
El proyecto de democracia burguesa, por un lado, institucionaliza la paridad política de los propietarios (la burguesía en su conjunto), pero, por otra parte, lo hace a costa de acumular un capital simbólico basado en la ideología de la igualdad formal legal. Así logró la burguesía históricamente la hegemonía sobre sus opuestos de clase e instituyó una legitimidad específica. Pero ello siembra un conflicto crónico entre la política de subordinar a las clases populares y, al mismo tiempo, hacerlas pares en el “juego democrático”.
Es por ello que toda la historia de la democracia burguesa (representativa) ha sido un forcejeo entre ambos aspectos de la política. La última expresión de esta problemática gira en torno al concepto de “gobernabilidad”.
3.- Gobernabilidad y COPRE como síntomas de crisis:
En Venezuela, la creación de la COPRE en 1984 y todo el debate que la acompañó, fueron síntomas de la conciencia de los intelectuales orgánicos de la burguesía, acerca de la inminencia de la grave crisis política que observaban en plena agudización.
Para nosotros, una crisis política es una crisis orgánica, en el sentido de la pérdida de la hegemonía (dirección intelectual, cultural e ideológica) de los partidos burgueses sobre las masas. Pero también, una situación dual, en la cual, por una parte, se rompen los acuerdos logrados en la distribución del poder entre los pares, los diferentes agentes y detentores de distintos tipos de capital, lo cual facilita, por otro lado, la conversión de la resistencia de los dominados en insurgencia para luchar por el reconocimiento como pares políticos, adversarios o eventuales aliados.
Para esos intelectuales orgánicos de la burguesía (Luís Esteban Rey, Bruni Celli, Janeth Kelly, etc.), la crisis en puerta era de gobernabilidad, y ésta, a su vez, se debía a disfunciones de un sistema político caracterizado como de “conciliación de élites”. Éste había surgido como todo un entramado de pactos y acuerdos, no sólo entre los tres partidos políticos incluidos en Punto Fijo, sino entre instituciones y representantes de fuerzas sociales fácticas, tales como los empresarios, el sindicalismo, la Iglesia, las Fuerzas Armadas; es decir, detentores de diversos tipos de capital convertibles en el campo de poder. Este “sistema de conciliación de élites” era también un sistema de exclusión de la izquierda y el movimiento popular adscrito a ella. Luego, con la expulsión de la Cuba revolucionaria de la OEA, la exclusión adquirió sus dimensiones internacionales.
En el Pacto no se mencionaba explícitamente al gobierno o al poderío norteamericano, pero también estaba allí a la manera de un determinante “hemisférico” en el marco de la Guerra Fría. La polarización que determinaba ésta, llevaba a asimilar toda democracia con la representativa, y ésta a su vez, con el modelo norteamericano.
Entre estos actores participantes del pacto que delimitaba el campo de poder, la política permitida por lo político, se distribuía la renta petrolera, y las pugnas y los acuerdos que se conseguían tenían una relación clara con esa distribución de recursos que el estado disponía en virtud de su propiedad sobre los bienes del subsuelo, tradición jurídica que viene desde la colonia, y que muchos intelectuales burgueses plantearon dejar atrás sin éxito.
La crisis que se avizoraba aparecía a los ojos de los intelectuales burgueses, como oscilaciones disfuncionales del sistema de conciliación de élites. Éste se debatía, según Bruni-Celli y Rey, entre dos tendencias: una, “desarrollista”, concentrada en el logro del crecimiento puramente económico del país; la otra, “populista”, que derivaba hacia el reparto indiscriminado de la renta petrolera. Ambas “desviaciones” llevaban a la “ingobernabilidad”, bien porque la inclinación desarrollista dejaba fuera a los sectores populares y provocaba “déficits de legitimidad” por la exclusión, bien porque la versión “populista” descuidaba el logro de la “eficiencia” de la sociedad venezolana, aparte de provocar un incremento desmedido de las demandas populares, lo cual, a su vez, según las corrientes politológicas de los ochenta, “recalentaba” la democracia y contribuía a su desestabilización.
En todas las variadas definiciones del concepto de gobernabilidad, aparecen como constantes esos dos aspectos de lo político: por una parte, la cuestión de la eficacia y la efectividad de la gestión pública y, por el otro, el problema de la legitimidad y el consenso político. En ese contexto, la estabilidad política sólo aparecía como resultado de la gobernabilidad. Ésta, a su vez, adquirió importancia en la década de los ochenta en América Latina, a propósito de la estabilidad política posible en momentos de aplicación de políticas económicas de shock neoliberales.
A los dos aspectos de la gobernabilidad, correspondieron en la COPRE dos ejes de planteamientos acerca de la reforma del estado. Uno, tendiente a la “democratización” del estado; otro, que enfatiza la cuestión de la eficacia. Pero también había una tercera línea de reforma que se coordinaba con las otras dos: la privatización de las empresas estatales, especialmente, PDVSA. En términos generales, como explica Catalina Banko:
“Desde el punto de vista económico, era necesario disminuir la intervención estatal y restituir al mercado su papel como mecanismo fundamental para la asignación de los recursos y fortalecer al sector privado como agente dinámico de la economía. (…) En otras palabras, se estaba visualizando el proceso a partir de una óptica que privilegiaba la liberalización tanto de la gestión económica y social como de la estructura político-administrativa, tendencia que era interpretada desde una perspectiva de democratización de la sociedad” (BANKO, 2008: 168)
Esto evidencia que los empresarios, los detentores del capital económico, se proponían hacerse directamente del recurso económico estatal. Esto implicaba una reducción relativa del poder de los burócratas del estado, de los partidos políticos, que habían sido hasta ese momento, los grandes administradores en la concentración y distribución del poder. Pero también se puede observar el ataque de la derecha al “populismo” y el “clientelismo político”, lo cual no era otra cosa que el uso de los recursos económicos del estado en la confirmación de la hegemonía política de los partidos sobre las masas.
Por otra parte, las propuestas de la COPRE de democratización atendieron también al sistema electoral, y especialmente a la “modernización” de los partidos políticos buscando fortalecer su legitimación mediante mecanismos tales como las primarias. La deslegitimación de los partidos políticos dominantes (AD, COPEI) ya venía siendo alimentada por un sector de los propietarios de los medios de comunicación, desde finales de los setenta, articulando un discurso anti-partido que buscaba recoger demandas democratizadoras de variados sectores sociales. Los propietarios de las televisoras comenzaron a actuar cobrando su disposición de los medios de producción de opinión pública, contribuyendo a una reestructuración del espacio público, imponiendo su agenda, su gramática y, en parte, su programa de rasgos neoliberales. Esta irrupción de los propietarios de los medios, para valorizar mejor en términos de poder su disposición económica y mediática, fue considerado por los dirigentes de los partidos políticos, principales beneficiarios hasta entonces del campo de poder, como la expresión de unas aspiraciones inaceptables.
Esta disputa se complica cuando AD decide dejar en suspenso el “Pacto Institucional” con COPEI, pasándole una factura a una política análoga del anterior presidente Luís Herrera. La conformación de la directiva y las comisiones del Parlamento, el nombramiento de los jueces, la distribución de los recursos; pero además la política económica de “enfriamiento de la economía”, que incluía la liberación de los precios, había roto con las formas y el funcionamiento del Pacto. Luego, cuan“Desde el punto de vista económico, era necesario disminuir la intervención estatal y restituir al mercado su papel como mecanismo fundamental para la asignación de los recursos y fortalecer al sector privado como agente dinámico de la economía. (…) En otras palabras, se estaba visualizando el proceso a partir de una óptica que privilegiaba la liberalización tanto de la gestión económica y social como de la estructura político-administrativa, tendencia que era interpretada desde una perspectiva de democratización de la sociedad”do se produce el “Viernes Negro”, las pérdidas políticas fueron achacadas únicamente al COPEI herrerista, determinando la agudización a lo interno mismo de ese partido. AD no estaba en mejores condiciones, pero logró un status interno que articuló las demandas de los sindicalistas con fracciones de la anterior tendencia perecista.
En ese contexto el tema de la descentralización se presentó, a la vez, como uno de los aspectos de democratización y de incremento de eficiencia estatal. Daba respuesta a una gestión más expedita de las demandas sociales, al mismo tiempo, que “acercaba las decisiones a la gente” fortaleciendo su respaldo político. Se trataba, como lo enunció una vez Ricardo Combellas (1996) de una reforma de estado de inspiración “tocquevilliana”: de abajo hacia arriba. Aun así, los proponentes reconocían, no sólo que la reforma venía dada “de arriba hacia abajo”, sino que había ciertos “riesgos” de la descentralización: en primer lugar, que se reprodujera la centralización política, esta vez a nivel de gobernaciones y alcaldes; en segundo lugar, que se repitieran fenómenos nefastos como la corrupción y el sectarismo grupal. También advertían como debilidad que la descentralización “no se había sembrado” en la cultura política venezolana, con lo que indicaban las muchas resistencias que sus visiones producían entre las élites gobernantes.
Hay detalles curiosos en el proceso político que rodeó a este último intento de reforma del estado burgués desde las propuestas de sus intelectuales orgánicos. Cabe resaltar lo que llamaremos el “carácter trágico” de esa intelectualidad burguesa. Me refiero a su impotencia, evidenciada por sus constantes quejas y lamentos por que no lograban convencer a sus jefes y operadores políticos, de la necesidad de profundizar en esas reformas. Se podría comentar que la estrategia diseñada para lograr los cambios, el logro de consensos entre jefes partidistas, candidatos presidenciales, representantes oficiales del empresariado, sindicalismo e Iglesia, implicaba la lentitud y la dificultad de acuerdos y de voluntad política en aquellos agentes que lo eran justamente por el sistema político que se trataba de cambiar. Además, se evidenció una profunda desconfianza de esa dirigencia política hacia sus propios intelectuales. Es proverbial en este sentido la frase de Gonzalo Barrios de que los venezolanos “no somos suizos”.
Justo el gobierno que crea la COPRE, el de Jaime Lusinchi, es el que intensifica como nunca la tendencia centralizadora del estado venezolano. El supuestamente novedoso “Pacto Social” que se presentaba como la realización de todas las reflexiones de renovación del sistema de conciliación de élites, sólo llegó a la concentración de las decisiones estratégicas en la reunión de los representantes oficiales de las cúpulas empresarial, sindical y gubernamental, lo cual, de paso, también reflejaba la recomposición de las tendencias al interior del partido AD. Los Secretarios Regionales del partido de gobierno fueron designados gobernadores de estado, lo que agudizaba la integración de los recursos de poder del estado con los del Partido. Esto se profundizaba con la denunciada (por los medios) apropiación de los espacios de la sociedad civil por la organización partidista.
Mientras tanto, se puso en suspenso el pacto institucional entre AD y COPEI, que regía las designaciones de la directiva del parlamento y la cúpula del Poder Judicial. Esto se veía en la superficie. En lo profundo de la vida social y política, se intensificaba la represión contra la protesta popular (por ejemplo, la universitaria), se intervenía violentamente en eventos electorales de base, sindicatos e incluso organismos estudiantiles. El gobierno sometía a extorsión, por el control de las divisas para comprar papel y los anuncios, a las empresas comunicacionales.
En términos generales, los cogollos se resistieron a los cambios, mientras se evidenciaba la desesperación de los intelectuales burgueses. El plan de éstos era que la elección directa de gobernadores y alcaldes produjera la emergencia de una nueva dirigencia que a su vez, fortaleciera y alimentara el proceso de reforma gracias a la cual habían irrumpido al espacio público. Eran esperanzas de “cambio auto-sostenido”. Lo trágico fue que esas elecciones estadales y municipales, en 1989, que al fin materializaban el proceso de reforma, sólo se produjeron luego de la explosión del 27 de febrero y la profundización de la grave crisis económica, social y política. Esto fue visto por los mismos intelectuales burgueses como confirmación de sus análisis, y argumentaron que la descentralización había dado mayor estabilidad a la democracia al permitir un “refrescamiento” de los elencos políticos. Pero ellos mismos, después de 1992, en 1996 y 1997, en el marco de varios eventos de discusión académico-políticos, reconocían que se estaban reproduciendo los mismos vicios de corrupción, grupalismo, exclusión, ineficacia e ineficiencia, del centralismo. Y lo peor: la descentralización no había logrado detener la crisis orgánica politica.
De hecho, en algunos estados surgieron nuevos actores políticos que ponían en crisis la dirección política de los partidos del Pacto. Por ejemplo, Salas Romer en Carabobo y Tablante en Aragua. Esto le daba la razón a los dirigentes de los “cogollos” que advertían las nefastas, para ellos, consecuencias de la descentralización.
Por eso, cuando en 1998 se evidencia el derrumbe de todo el sistema político, los intelectuales burgueses hicieron los últimos intentos de salvar algo. Brewer Carías trató de darle vida a la idea, apenas esbozada, de una reforma constitucional, que la COPRE había movilizado, incluso promoviendo “acuerdos” y “pactos” con los mismos actores políticos conservadores. Incluso el presidente Caldera insinuó un proyecto de nueva constitución que tampoco avanzó. Al percatarse del crecimiento ya irreversible de la candidatura de Chávez, con su propuesta de constituyente, Brewer, como representante de esa intelectualidad, llegó a proponer que en las mismas elecciones se votara la convocatoria de la Asamblea Constituyente; pero la angustia reformista se consiguió con los mismos obstáculos que habían determinado, a la vez, la frustración de un nuevo aire al sistema de conciliación de élites, y la caída de toda una clase política, en consecuencia.
En el discurso de Rafael Caldera el 4 de febrero de 1992, se explicita el ruinoso estado del Pacto para ese momento de evidencia crítica. Nadie había cumplido “con su parte”. Los políticos quisieron hacer negocios y hacerse empresarios privatizando los recursos públicos con la corrupción; los militares comenzaron a hacer política; los políticos dejaron de representar las demandas populares determinando su pasividad ante un intento golpista. Los militares y empresarios pretendían hacerse directamente del Poder.
No se trata de una fatalidad histórica dictada desde aquella fecha. En todo caso, todavía los dirigentes del bipartidismo podían hacer varias maniobras y cambios para conservar su hegemonía de conjunto, sacrificando algunas de sus expresiones más irritantes. Esos sacrificios sólo los hicieron cuando era ya demasiado tarde. Abandonaron a sus candidatos presidenciales justo la última semana de la campaña electoral, para apoyar el espejismo de Salas Romer. Ya sabemos el desenlace.
